A 4 años del incendio en el depósito de Iron Mountain en Barracas, que costó la vida de diez personas -más otro bombero que se suicidó en 2016-, familiares, amigos y compañeros reclamaron celeridad a la Justicia.
A cuatro años del incendio en el depósito de Iron Mountain en Barracas, que costó la vida de diez personas -más otro bombero que se suicidó en 2016-, familiares, amigos y compañeros reclamaron ayer celeridad a la justicia y alertaron que ninguna persona fue procesada aún por el siniestro, del que dos pericias confirmaron que fue intencional.
A las 9.15, hora en la que cayó la pared sobre la calle Jovellanos en la esquina de Quinquela Martín y acabó con la vida de estos ocho bomberos y dos rescatistas, sonó la sirena de las autobombas de distintos cuarteles que se acercaron a homenajear a los “Héroes de Barracas”, como lo llaman sus familiares y vecinos.
“No queremos una explicación fácil, queremos una justicia clara y digna”, expresó por su parte el sacerdote Lorenzo de Vedia, conocido como “Toto”, párroco de la Parroquia Virgen de Caacupé en la villa 21- 24 durante la misa que se celebró minutos antes de las 9, y recordó que “además de las diez personas que murieron en el incendio, un joven se quitó la vida después, por lo que es otra víctima directa más”.
El sacerdote se refería al bombero voluntario de Vuelta de Rocha, Diego O’Neil, -compañero y amigo de los fallecidos Facundo Ambrosi y Sebastián Campos-, quien el 23 de febrero de 2016 se quitó la vida.
Además de Pedro Barícola, Maximiliano Martínez, Sebastián Campos, Facundo Ambrosi y Diego O’Neill, las otras víctima fatales fueron de aquella jornada trágica fueron cinco bomberos de la Policía Federal: Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, y Matías Monticelli y el agente de Defensa Civil José Méndez.
En la causa que fue caratulada como “estrago seguido de muerte” y tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº18, Pablo Ormaechea, se encuentran 33 personas imputadas entre los responsables de la firma, y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA. Fuentes judiciales confirmaron que la indagatorias se llevaron adelante durante 2017 y continuarán este mes, tras lo cual se definirá la situación procesal.
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