La decisión la tomó la Sala I del Tribunal de Apelaciones, que declaró «mal concedido» el recurso de apelación presentado por el abogado de Macri, después que el juez federal Norberto Oyarbide rechazara ordenar la medida de prueba que consistía en ampliar una pericia para determinar si el llamado anónimo que alertó a una de las víctimas de las escuchas provino de un agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, según la resolución.
Los camaristas Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler consideraron que Oyarbide fundamentó adecuadamente su decisión al rechazar el pedido de una ampliación de la pericia, después que un informe entregado por Gendarmería Nacional no pudo establecer con certeza si la persona que hizo el llamado al familiar de Víctimas del atentado a la AMIA Sergio Burstein fue un agente.
La llamada, que derivó en un recurso de «habeas corpus» presentado por Burstein, se hizo desde un locutorio que fue identificado en la causa y donde quedó registrada la imagen de un hombre parecida a la del agente en cuestión, quien declaró como testigo en la causa y negó ser el autor de la comunicación.
Los camaristas al dar la razón a Oyarbide, estimaron que “El interrogante introducido por la defensa acerca del origen de la causa fue suficientemente explorado en el marco» de la instrucción y podrá ser profundizado, en todo caso, en un futuro juicio oral, consideraron”
Además el tribunal aclaró que «nunca» ordenó a Oyarbide disponer la medida de prueba requerida por Macri, sino que en una anterior resolución donde anuló una primera decisión del juez lo hizo por «falta de fundamentos», algo que fue subsanado en un nuevo pronunciamiento del juez a cargo del caso.
Cabe recordar que Oyarbide rechazó ordenar una ampliación de pericia para establecer quien llamó a Burstein en el 2009 para avisarle que se lo escuchaba de manera ilegal por orden del entonces jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios, también procesado en el caso y excarcelado tras pasar más de un año en prisión.
Gendarmería Nacional hizo ya una pericia donde estableció similitudes entre el agente en cuestión, Hugo Álvarez, y la imagen captada en el locutorio, pero advirtió que no podía establecerse eso con seguridad.
Macri está procesado como supuesto miembro de una asociación ilícita que montó una estructura de espionaje ilegal, interviniendo teléfonos con órdenes judiciales que partían de un juzgado de Misiones, con la excusa de investigar un asesinato ocurrido en esa provincia.
A raíz del llamado a Burstein se abrió una investigación que derivó en la detención de otro procesado, el ex policía federal Ciro James, quien estaba contratado por el Ministerio de Educación de la Ciudad y era quien gestionaba las órdenes judiciales para las escuchas, y retiraba los casetes de la Secretaría de Inteligencia.
En esta causa, Macri espera una decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal, que debe resolver si confirma o no el procesamiento dictado por Oyarbide, algo actualmente bajo análisis en la sala III del máximo tribunal penal del país.
