La Legislatura porteña sancionó en forma definitiva otorgar un marco legal a la habilitación de centenares de espacios culturales que funcionan en la ciudad de Buenos Aires, integrándolos al Código de Planeamiento Urbano.

La iniciativa impulsada por la Defensoría del Pueblo, y promovida por los diputadosGabriela Seijo (PRO), Pablo Ferreyra(Seamos Libres), Gabriela Alegre (Frente Para la Victoria) define como Centro Cultural “el espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquier tipología, que signifiquen espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes”.

La norma había sido aprobada inicialmente el 18 de diciembre y en abril pasado fue sometida a audiencia pública.

Asimismo, también expresa que los Centros Culturales serán clasificados en cuatro categorías, según su capacidad de asistentes, siendo los de Clase A para los centros con capacidad hasta 150 personas, Clase B, entre 151 y 300 personas, Clase C desde 301 a 500 personas y Clase D para las que puedan albergar a más de 500 concurrentes.

El cálculo de capacidad máxima admitida para los Centros Culturales será de 1 m2 por persona como mínimo, exceptuando para el cálculo sectores de ingreso y egreso, pasillos de circulación, sectores de trabajo y de servicios.

Vale destacar que el Cuerpo aprobó una serie de modificaciones presentadas por la diputada Seijo, a pedido de los colectivos culturales, que incorporan cuatro nuevos artículos en relación a los estacionamientos e impactos culturales de los diferentes centros.

La legisladora ibarrista María Elena Naddeo propuso crear un régimen específico de intervenciones en los casos de explotación con fin sexual. «Es imprescindible frenar esta permanente mercantilización del cuerpo de mujeres y adolescentes», expresó la diputada.

El conocido rubro 59 de los avisos clasificados, uno de los negocios más rentables dentro de lo que se refiere a publicidad en medios gráficos, está en la mira de este proyecto legislativo.

La legisladora porteña María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires), quien recientemente había elaborado una propuesta para crear un régimen especial de asistencias a víctimas de explotación sexual, presentó una iniciativa que busca poner fin a los avisos de contenido sexual, frecuentemente vinculados con la trata de personas.

Su propuesta  abarca dos proyectos. El primero es el que propone la creación del Programa para Eliminar la Promoción y Difusión de la Prostitución en los medios de comunicación. La normativa dispone que el Gobierno de la Ciudad se abstenga de otorgar pauta publicitaria a los medios de comunicación que publiquen entre sus contenidos espacios publicitarios o avisos clasificados de oferta sexual. También incluye la realización de campañas de concientización sobre la explotación sexual y la trata de personas.

El segundo proyecto está dirigido  a incluir en el Régimen de Faltas de la Ciudad un artículo que multe a los medios que publiquen avisos de contactos sexuales.

«Es imprescindible frenar esta permanente mercantilización del cuerpo de mujeres y adolescentes», manifestó Naddeo, «difundir la idea de que el que promueve la venta de sexo es parte de un engranaje delictivo, lindante con una forma de esclavitud moderna y con el delito de trata de personas». La diputada se refirió además a la necesidad de «normas y programas más eficaces y adecuados a las nuevas realidades del mercado implacable de consumo».