Aunque no empezaron las pericias, hay indicios de que el incendio de la semana pasada en Barracas podría haber sido intencional; como existen similitudes con el que mató en 2014 a diez personas en el mismo lugar, las familias de las víctimas piden incorporar nuevas pruebas a la causa.

El incendio de Iron Mountain, el segundo en nueve años, que se produjo la semana pasada en el depósito que la compañía tiene en Barracas, todavía no terminó de apagarse, ni mucho menos la infinidad de suspicacias que desencadena: lo que se quemó ese lunes fueron las tres naves que se habían salvado de las llamas de la tragedia de 2014, que dejó 10 muertos, tiene 18 imputados y entra ahora en la etapa de juicio oral. El detalle más sugestivo es que la documentación que acaba de perderse es lo poco que, por orden judicial, permanecía intacto en las instalaciones: como si el segundo fuego hubiera sido la conclusión de una tarea premeditada.

Los bomberos dicen que el fuego del lunes está controlado, pero que llevará dos semanas terminar de apagarlo. ¿Alguien lo inició a propósito? Las sospechas vuelven a dirigirse al origen y a una supuesta motivación: esas paredes esconden información sensible de empresas y organismos oficiales. Hay, además, indicios que llaman la atención, pese a que la pericia todavía no empezó. El más relevante: según fuentes de la investigación, el inmueble, ubicado en Gaspar Jovellanos al 1300, no tiene conexión a los servicios de gas y electricidad desde hace 9 años, por lo que cualquier chispa se volvería improbable.

Hay otros elementos que también deben ser analizados con detenimiento. Por ejemplo, una pared “cortafuego”, como se conoce a esas edificaciones diseñadas a tales efectos, que tiene señales de haber tenido fuego de ambos lados. O un episodio detectado y presentado en la Justicia por Iron Mountain cinco días antes del siniestro, el 19 de abril: alguien entró en el depósito clausurado, rompió objetos y desacomodó y abrió cajas de cartón. ¿Había empezado la destrucción de pruebas? La empresa no puede acceder a esas instalaciones desde 2014. Sólo tienen llaves la comisaría del Barracas, el Juzgado de Instrucción N°18 y el Tribunal Oral. En el texto presentado, Guillermo Rivarola, María Vila Echagüe y Martín García Santillán, abogados de Guillermo Lockhart, entonces CEO, y Héctor García, responsable de Seguridad e Higiene de la multinacional, piden que se investigue qué pasó exactamente entre el 17 de marzo y el 18 de abril, fecha en que la proveedora Servicios Came SA entró para desratizar acompañada de personal policial y encontró signos de vandalismo. Hasta el 17 de marzo, última visita hasta entonces, había encontrado todo en condiciones normales.

La compañía dice que lo que haya pasado está fuera de su responsabilidad porque ya no tiene llaves. Como en 2014, los especialistas vuelven a descartar la casualidad. Edgardo Castro, por ejemplo, ingeniero en Seguridad Ambiental, testigo en la causa y ex inspector de la ciudad, que había pedido en 2008 la clausura del lugar porque advertía que no estaba en condiciones. “Lo del lunes fue un calco de lo que pasó hace 9 años. Y también fue intencional, pero se ve que lo armaron mejor porque esta vez no murió nadie”.

Para la causa de 2014, cuya instrucción llevó adelante la jueza Fabiana Palaghini y entrará ahora en la etapa del juicio oral, se hicieron tres peritajes. Dos de ellos -uno a cargo de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina, y el otro, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)- coinciden en que podría haber habido una mano con voluntad de daño. El de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en cambio, dice no tener elementos para esa conclusión.

Los resultados en favor de un atentado están basados sobre pruebas en algunos casos opuestas. Se determinó que el fuego se habría iniciado por transformadores ajenos a la empresa colocados en cajas de cartón y que, además, se les habría aplicado combustible para acelerarlo. Los informes agregan que incluso pudo haber sido encendido de manera remota. La Policía registró 13 aceleradores. La UTN, apenas uno y agrega que no podría determinar intencionalidad. Fuentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires recuerdan que los depósitos de agua estaban vacíos. Y que las alarmas, que eran de última generación, sí funcionaron. “Atención, fuego creciente”, decía la grabación, como en un Boeing 757 que se acerca peligrosamente al suelo. Pero el vigilador Oscar Alfredo Godoy, contratado por la empresa, apagó ese llamado de atención seis veces durante varias madrugadas. ¿Lo hacía para dormir porque sonaba siempre? Según la querella, por el cargo que ocupaba, Godoy, hoy imputado, tiene que haber sabido exactamente lo que estaba haciendo.