El tradicional barrio de La Boca enfrenta una marcada contradicción interna. Por un lado, persisten serias deficiencias de infraestructura y vivienda que mantienen al sector bajo emergencia ambiental y urbana; por el otro, el circuito turístico que rodea a Caminito y la Vuelta de Rocha recibe diariamente a miles de visitantes internacionales. Esta última zona estratégica es el epicentro de un fuerte conflicto vecinal debido a una serie de medidas de privatización del espacio público impulsadas por las administraciones de la Ciudad y de la Nación.
Las modificaciones comenzaron cuando la gestión de Jorge Macri removió la tradicional feria de artesanos de su locación histórica en la Vuelta de Rocha, favoreciendo la expansión de los locales gastronómicos privados. Posteriormente, los puesteros fueron reubicados directamente sobre la costa del Riachuelo. A este escenario se sumó una reciente normativa del Estado Nacional que autoriza la edificación de locales comerciales que tapan por completo la postal ribereña.
Según explicó Antolín Magallanes, expresidente de Nuevo Encuentro en CABA y antiguo directivo de ACUMAR, la Administración General de Puertos (AGP) le otorgó un permiso a una entidad mutual para levantar estructuras comerciales de Durlock desde el puente transbordador hasta la calle Rocha. Aunque la resistencia de los habitantes del barrio logró que se desmontaran de forma temporal, los vecinos advierten que el regreso de estas construcciones es inminente. Magallanes cuestionó que ambos gobiernos traten a La Boca únicamente como una unidad de negocios turísticos, perjudicando su entramado cultural y obstaculizando la vista natural mediante una mala distribución de los puesteros.
El conflicto con los feriantes y la superposición de competencias
El desplazamiento original de los artesanos se formalizó en septiembre de 2024. Tras pasar temporalmente por una plaza de bomberos, la presión vecinal forzó su traslado hacia la ribera. Los trabajadores iniciaron una demanda judicial para regresar a su punto de origen, pero el juzgado a cargo todavía no emitió una sentencia definitiva. Natalia Quinto, referente de la organización «La Boca Resiste y Propone», calificó la decisión oficial como arbitraria y señaló un nuevo obstáculo: la Dirección Nacional de Puertos advirtió que los feriantes no pueden continuar en la orilla del río porque ese terreno fue cedido formalmente a la Mutual 22 de Enero. Ante esto, la agrupación vecinal elevó una presentación ante el juez Gonzalo Marconi para que resuelva la restitución histórica de los artesanos y solicitó a los organismos portuarios que den de baja el permiso de la mutual.
Por medio de una resolución oficial firmada por Juan Bernasconi, gerente de la AGP, se constató la adjudicación de 315,18 metros cuadrados a favor de la mencionada Asociación Mutual «22 de Enero». Lejos de tratarse de un error de coordinación entre las administraciones nacional y porteña, el alineamiento político entre el PRO y La Libertad Avanza sugiere una estrategia compartida para concesionar el área costera.
Las organizaciones barriales expresaron un rechazo absoluto al proyecto. De concretarse de manera definitiva, se estima la instalación de unos 180 locales comerciales que anularán el acceso visual directo al Riachuelo. Sebastián Arrache, delegado de los artesanos damnificados, manifestó que la comunidad local comprende que ellos se encuentran allí de manera obligada por el propio Gobierno de la Ciudad, pero coincide en que la costa de la Vuelta de Rocha debe ser un entorno libre de obstáculos para el disfrute de todos los peatones.
